El movimiento de protesta islamita de Egipto tiene muchas caras. A él pertenecen tanto mujeres que rezan pacíficamente por la restauración del depuesto presidente Mohamed Mursi, como militantes salafistas. En medio de este violento verano egipcio tampoco sirven las categorías de izquierda/derecha, religioso/liberal. Hay islamitas en ambas partes del conflicto. Y muchos egipcios que quieren un estilo de vida liberal sin prescripciones religiosas, olvidan su postura liberal cuando se trata de aguantar la libertad de expresión de los adversarios políticos. Esto último es una de las cosas que frustró profundamente a los mediadores de la Unión Europea y Estados Unidos que a principios de mes intentaron en vano mediar entre los Hermanos Musulmanes y los nuevos gobernantes.
"Se veía que querían enfrentarse. El primer ministro era catastrófico y como un predicador repetía una y otra vez: 'Con esta gente no se puede negociar'", afirmó el senador estadounidense Lindsey Graham, uno de los políticos occidentales que hasta el último minuto intentó evitar un derramamiento de sangre.
"Alianza contra el golpe": así se llama el grupo de partidos islámicos que lucha para que Mursi, que fue derrocado por el Ejército, sea restituido en el poder. El nombre suena democrático y moderno. Y también las proclamas de la alianza, que se presenta como víctima de un brutal aparato de represión estatal, hacen pensar que está respaldada por activistas que luchan por los valores fundamentales de la democracia: libertad de expresión y reunión y respeto al voto de los electores.
Pero los adversarios del gobierno interino también tienen otra cara. El miércoles se registró un número de muertos tan elevado en el desalojo de campamentos de seguidores de Mursi en parte porque, poco después de que comenzara la operación, a las fuerzas de seguridad les dispararon desde los edificios cercanos. Y según las informaciones de numerosos testigos, es poco creíble que los seguidores de esa "alianza" no hayan tenido nada que ver con los ataques contra iglesias y comisarías.
Los Hermanos Musulmanes aseguran que no ordenaron los ataques de salafistas armados contra edificios gubernamentales en el norte de la península del Sinaí. Pero la organización tiene relaciones que llegan hasta esos grupos. Mohammed al Beltagi, de la cúpula de los Hermanos Musulmanes, aseguró que la violencia en el Sinaí "acabará en el momento en que Mursi vuelva". El grupo tampoco tiene escrúpulos en presentar a los yihadistas y sus lanzagranadas como una de sus bazas en el conflicto.
A la alianza que apoya a Mursi pertenecen, además de los Hermanos Musulmanes, la antigua organización terrorista Gamaa Islamiya, el movimiento del encarcelado salafista Hasim Abu Islmail, y también los partidos Al Wasat y Al Watan. Por el contrario, el partido islamita Egipto Fuerte y el partido salafista Al Nur se han puesto de lado de los opositores a Mursi, aunque sin apoyar la violenta actuación de las fuerzas de seguridad contra los Hermanos Musulmanes.
El partido Al Nur fue la segunda fuerza más votada en las elecciones parlamentarias celebradas después del derrocamiento de Hosni Mubarak, sólo por detrás de los Hermanos Musulmanes. La inicial cooperación entre ambos partidos se rompió en 2012. Los salafistas acusaron a los Hermanos Musulmanes de no estar dispuestos a compartir el poder. En realidad, el conflicto actual trata sobre todo de poder y competencias gubernamentales, y no tanto sobre lo piadosos que sea uno u otro político. También entre los adversarios de Mursi hay muchas mujeres con velo y hombres religiosos.
El gobierno se ha quejado amargamente sobre las críticas de Occidente respecto a su dura respuesta contra los islamitas. Sus palabras caen bien entre los muchos egipcios que creen en una "teoría de la conspiración entre Estados Unidos y los Hermanos Musulmanes". Sin embargo, para analistas esa postura no es la más adecuada. Y es cuanto más duren los sangrientos disturbios, más difíciles serán las condiciones de vida para los egipcios. Sin ir más lejos, en Luxor, que vive principalmente del turismo, tan sólo hay una ocupación hotelera del dos por ciento en la actualidad.
Son 830 los muertos por los enfrentamientos
El Gobierno de Egipto, respaldado por el Ejército, se reunió ayer para analizar su sangriento enfrentamiento con los Hermanos Musulmanes, en medio de contradictorias propuestas sobre posibles concesiones a los adversarios políticos y llamados a luchar a muerte contra los manifestantes. En un discurso televisado, el jefe del Ejército, Abdel Fattah el-Sisi, se comprometió a tomar medidas enérgicas contra cualquiera que use la violencia, pero también sorprendió al decir que "hay espacio para todos en Egipto".
Los Hermanos Musulmanes, que se encuentran bajo una gran presión desde que la policía irrumpió en los campamentos de protesta en El Cairo y mató el miércoles a cientos de los seguidores del grupo islamita, organizó varias marchas posteriores en todo el país para exigir la reincorporación del depuesto presidente Mohamed Mursi, derrocado el 3 de julio.
Egipto, el país árabe más poblado del mundo, sufre la peor ola de derramamiento de sangre interna de su historia moderna, sólo 30 meses después de que el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak fuera aclamado como un cambio democrático en una región gobernada por autócratas. 79 personas murieron y 549 resultaron heridas el sábado por la violencia política en todo el país, informó la agencia estatal de noticias MENA. Esto hizo subir la cifra de muertos desde el miércoles a 830, incluidos 70 policías y militares.
No está claro cómo se produjeron las muertes del sábado. Ese día, los partidarios de Mursi intercambiaron disparos con las fuerzas de seguridad, que finalmente desalojaron a cientos de manifestantes de una mezquita de El Cairo donde se habían refugiado tras los enfrentamientos del día anterior. La represión ha originado críticas contra el Gobierno por parte de los principales aliados de Egipto -Estados Unidos y la Unión Europea- pero apoyo en los ricos estados árabes, encabezados por Arabia Saudita, que temen una propagación de la ideología de la Hermanos Musulmanes en las monarquías del Golfo Pérsico.
Antes de que el gabinete se reuniera, el liberal viceprimer ministro, Ziad Bahaa el-Din, lanzó una iniciativa conciliadora: abogó por el fin del estado de emergencia declarado la semana pasada, la participación política de todos los partidos y las garantías de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de reunión. Pero su iniciativa parecía en contradicción con la postura del primer ministro, Hazem el-Beblawi, quien sugirió la ilegalización de los Hermanos Musulmanes, lo que lo obligaría a pasar a la clandestinidad. "No habrá reconciliación con aquellos cuyas manos se han manchado de sangre y que han levantado sus armas contra el Estado", dijo Beblawi. (Reuters)